La Corte Suprema deja vigente la revocación
La Corte Suprema de Estados Unidos declinó revisar las apelaciones de Khalid Sheikh Mohammed, Mustafa al Hawsawi y Walid bin Attash, quienes buscaban restablecer sus acuerdos de culpabilidad. La decisión dejó vigente el fallo del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, que respaldó la autoridad del entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, para revocar los pactos.
Los acuerdos, anunciados en 2024 tras más de dos años de negociaciones, contemplaban declaraciones de culpabilidad y cadena perpetua, sin pena de muerte. Austin los revocó pocos días después de su anuncio y sostuvo que una decisión de esa importancia debía corresponderle como secretario de Defensa. La administración Trump ha continuado defendiendo esa decisión.
La disputa judicial tuvo varias etapas. En 2024, un juez militar determinó que los acuerdos eran “válidos y exigibles”; semanas después, un tribunal de apelaciones militar falló contra Austin. Más adelante, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia respaldó la revocación, y los acusados apelaron ante la Corte Suprema. El magistrado Brett Kavanaugh se inhibió del examen del caso.
El caso vuelve a las comisiones militares
La decisión devuelve el proceso a las comisiones militares de Guantánamo. El juicio está previsto para 2028, aunque continúan las actuaciones previas. Steve Vladeck, profesor de Georgetown University Law Center y analista legal, dijo que el rechazo despeja el camino para esos procedimientos; también consideró poco realista la fecha prevista por la cantidad de asuntos aún pendientes.
El caso incluye además a Ammar al Baluchi. Mohammed está acusado de desarrollar y dirigir el plan para estrellar aviones secuestrados contra el World Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Los acusados siguen enfrentando cargos; la decisión de la Corte Suprema no establece su culpabilidad ni resuelve el fondo del proceso.
Disputas sobre pruebas han prolongado el proceso
Los juicios se han retrasado durante años, en parte por disputas sobre el tratamiento de los acusados en prisiones de la CIA y sobre si pueden admitirse pruebas obtenidas mediante tortura. Esas cuestiones procesales han contribuido a aplazar la resolución del caso.
Los acuerdos habían suscitado rechazo entre algunos grupos que representan a víctimas del 11-S y sus familias. Entre familiares también hubo opiniones distintas: algunos consideraban que un juicio era la mejor vía para obtener justicia, mientras otros veían los acuerdos como una posible forma de cerrar un proceso prolongado.