Una decisión provisional, no un fallo definitivo
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de emergencia del gobierno de Donald Trump para levantar el bloqueo judicial a una política de la Oficina Federal de Prisiones. Con esa negativa, la política no puede aplicarse mientras continúa el litigio.
La orden del máximo tribunal fue breve y no explicó su razonamiento jurídico. Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito señalaron que habrían permitido que el gobierno aplicara la medida mientras avanzaba la demanda.
La decisión se limitó a la petición urgente del gobierno. No resolvió el fondo de la demanda ni determinó de forma definitiva si las restricciones son legales.
Qué habría cambiado la política
La política de la Oficina Federal de Prisiones se formuló después de una orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025. Habría suspendido las terapias hormonales y las cirugías para personas encarceladas con disforia de género, además de terminar adaptaciones sociales como ciertas prendas, pelucas o maquillaje. Los servicios de salud mental y psiquiátrica habrían continuado.
La administración defendió el cambio con argumentos sobre seguridad y administración penitenciaria. Las personas encarceladas que impugnaron la medida sostuvieron que el gobierno no había explicado adecuadamente el abandono de prácticas previas. Estas son posiciones de las partes, no conclusiones establecidas por la decisión de emergencia.
La demanda y el argumento constitucional
Tres personas trans encarceladas en instituciones federales de Nueva Jersey, Florida y Minnesota presentaron una demanda colectiva para impugnar la política. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) representa a los demandantes.
En la demanda, los presos argumentaron que el cambio de política no estaba suficientemente justificado y que vulneraba la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Se trata de alegaciones de los demandantes, no de una conclusión de la Corte Suprema en esta decisión.
La secuencia de las órdenes judiciales
La demanda fue presentada por personas trans encarceladas que cuestionaron la política. En junio de 2026, el juez federal Royce Lamberth, del tribunal de distrito en Washington, bloqueó su aplicación y concluyó que el cambio podía ser arbitrario porque la Oficina Federal de Prisiones no había considerado adecuadamente su experiencia previa.
En septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia rechazó levantar ese bloqueo. La negativa de la Corte Suprema a intervenir de emergencia mantuvo vigente la orden inferior. El caso sigue su curso en los tribunales; la situación actual no equivale a una sentencia definitiva sobre los derechos u obligaciones discutidos.