Una disputa sobre transparencia y autoridad presidencial
El 13 de octubre de 2026, la Corte Suprema aceptó revisar la apelación del Gobierno de Trump en el litigio promovido por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW). El grupo busca documentos sobre las operaciones iniciales del Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE. La aceptación de la apelación abre una nueva revisión del caso, pero no determina por sí misma si DOGE está sujeto a la Ley de Libertad de Información (FOIA).
El desacuerdo central es cómo debe clasificarse DOGE a efectos de esa ley. CREW sostiene que el organismo ejerció autoridad propia y, por ello, debe responder a solicitudes de registros. El Gobierno afirma que era un órgano asesor de la Presidencia, categoría que, según su argumento, queda fuera de las obligaciones de divulgación de la FOIA. La disputa también plantea hasta dónde pueden llegar los tribunales al solicitar información interna del Poder Ejecutivo antes de resolver si la ley se aplica.
De la solicitud de CREW a una segunda revisión en la Corte
CREW presentó su solicitud de información a comienzos de 2025 y acudió a los tribunales después de que el Gobierno no la tramitara como pedía. En marzo de ese año, el juez federal Christopher Cooper concluyó que DOGE probablemente estaba cubierta por la FOIA y ordenó acelerar el procesamiento de la solicitud. Un tribunal de apelaciones también permitió que avanzara la recopilación de información necesaria para examinar la estructura y el alcance de la autoridad del organismo.
La Corte Suprema intervino anteriormente en junio de 2025. Por seis votos contra tres, consideró demasiado amplia la orden de divulgación y devolvió el asunto a los tribunales inferiores para que delimitaran mejor el material que podía obtenerse durante el descubrimiento de pruebas. Esa intervención no resolvió si DOGE era una agencia sujeta a la FOIA: dejó abierto el litigio y obligó a ajustar el alcance de la solicitud.
Tras esa revisión, CREW retiró algunas categorías de documentos y mantuvo un pedido más acotado. Los tribunales inferiores permitieron que continuara parte de la recopilación, pero el Gobierno volvió a recurrir. La Corte Suprema deberá evaluar ahora si ese proceso puede seguir antes de que se decida definitivamente la condición jurídica de DOGE. CREW sostiene que las órdenes de los tribunales inferiores respetaron la instrucción previa de la Corte y que las pruebas solicitadas son pertinentes para resolver si DOGE ejercía autoridad independiente suficiente para quedar sometida a la FOIA.
Qué información se solicita y qué objeta el Gobierno
La solicitud de CREW abarca información sobre la organización de DOGE y sus instrucciones o actuaciones relacionadas con cancelaciones de contratos y despidos en el Gobierno federal. También se ha planteado la posibilidad de tomar declaración bajo juramento a Amy Gleason, quien ejerció como administradora interina. Para CREW, esos datos permitirían determinar si DOGE actuaba con suficiente independencia como para quedar bajo la ley de acceso a registros.
El Gobierno argumenta que exigir esa información podría exponer comunicaciones y recomendaciones internas de asesores presidenciales, además de conceder parte de lo solicitado por la vía de descubrimiento antes de que un tribunal confirme que la FOIA se aplica. CREW responde que las solicitudes pendientes son más limitadas y que los tribunales inferiores respetaron la instrucción de la Corte Suprema de reducir su alcance. La controversia inmediata es, por tanto, procesal: qué pruebas pueden recabarse para resolver luego la cuestión de fondo.
La Corte aún no ha fijado la fecha de los argumentos orales. La resolución sobre la apelación se espera antes de que concluya el período judicial de 2026-2027; el calendario definitivo depende del tribunal.