Marchas por el costo de vida y la educación
El 17 de octubre de 2026, manifestantes salieron a las calles de Francia para protestar por el aumento del costo de vida y las condiciones escolares. Las marchas congregaron a cientos de miles de personas en distintas ciudades. Las autoridades estimaron la asistencia nacional en 550,000, mientras los organizadores calcularon alrededor de 800,000. En París, la policía registró 855 arrestos en la región de la capital.
Durante la jornada también se reportaron incendios, enfrentamientos y saqueos. El Ministerio del Interior atribuyó parte de los actos violentos a grupos radicalizados. Dirigentes políticos ofrecieron interpretaciones contrapuestas sobre la violencia y la respuesta policial.
Incendios y daños en edificios públicos
En Limoges, un incendio afectó el ayuntamiento del siglo XIX y provocó el derrumbe de parte del techo. Las autoridades locales informaron que el fuego fue controlado y que el edificio sufrió daños graves.
En Marsella, manifestantes entraron brevemente al vestíbulo del ayuntamiento y un grupo dañó una comisaría. En Lyon, se declaró un incendio dentro de una oficina de turismo. También se reportaron daños en comercios y edificios públicos de otras ciudades, entre ellas Lille y Burdeos.
Daños y arrestos en París
En París, la plaza de la República y zonas comerciales del centro amanecieron con adoquines arrancados, escaparates rotos, vidrios y señales de saqueo. La policía informó que 855 personas fueron detenidas en la región capitalina; la fiscalía indicó que 557 permanecían bajo custodia.
Los balances nacionales de detenciones y heridos variaron en las declaraciones difundidas tras la jornada. Sébastien Lecornu anunció 1,200 arrestos y 150 policías y gendarmes heridos. Laurent Nuñez informó que más de 500 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos. Las cifras corresponden a balances comunicados en distintos momentos.
Respuesta del gobierno y de organizadores
La noche del 17 de octubre, el primer ministro Sébastien Lecornu activó una célula de crisis interministerial para gestionar la situación. El presidente Emmanuel Macron condenó los saqueos y los ataques a edificios públicos y afirmó que sus responsables serían perseguidos. Después de los incidentes, el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, anunció una unidad de emergencia para ayudar a los comercios afectados. Los alcaldes de París, Marsella y Lyon solicitaron reunirse con Lecornu para abordar los daños.
La Confederación General del Trabajo (CGT) pidió continuar la movilización de forma pacífica y planteó demandas relacionadas con salarios y pensiones. En el debate político posterior, dirigentes del gobierno y de la oposición intercambiaron acusaciones sobre el origen de la violencia y la gestión de las manifestaciones.