Qué solicitaron las cartas federales
El Departamento de Justicia envió cartas a funcionarios electorales de condados de California para pedirles que colaboraran con el gobierno federal en la verificación de la ciudadanía de personas incluidas en listas oficiales. Las comunicaciones, enviadas el viernes 23 de octubre, solicitaron información identificativa y fijaron un plazo de 48 horas; la correspondencia también advirtió sobre posibles consecuencias legales si un funcionario procesaba deliberadamente el voto de una persona no ciudadana. La ciudadanía de quienes aparecen en las listas no queda establecida por el señalamiento federal.
Funcionarios locales cuestionan los datos y mantienen sus procedimientos
El registrador electoral del condado de Napa, John Tuteur, dijo que su oficina seguiría adelante con el proceso electoral. En Santa Clara, el registrador Matt Moreles confirmó la recepción de una carta y dijo que el condado revisaría internamente la solicitud antes de decidir sus próximos pasos. En San Francisco, la oficina del fiscal municipal también confirmó haber recibido una comunicación y señaló que estaba revisando la información.
La Fiscalía General de California sostuvo que las listas contenían errores. Entre los ejemplos presentados en documentos judiciales figura el de Mendocino, donde funcionarios recibieron nombres de personas que, según el estado, no residían en ese condado. Por separado, una revisión preliminar de 200 nombres de la lista estatal realizada por funcionarios del condado de Los Ángeles encontró que más del 40% tenía registros electorales cancelados; esa muestra no determina la situación de cada persona incluida en el conjunto más amplio.
La exigencia se suma a un litigio sobre votos por correo
Las cartas llegaron en medio de una disputa judicial entre el gobierno federal y California. El Departamento de Justicia presentó una demanda para impedir que el estado cuente votos por correo de personas que el gobierno identifica como posibles no ciudadanas; la solicitud y su alcance seguían en litigio en las coberturas disponibles. La controversia enfrenta la demanda federal de revisar casos individuales con las objeciones de funcionarios estatales y locales sobre la fiabilidad de los datos y la necesidad de basar cualquier cambio en información verificable.
El Departamento de Justicia afirmó que no solicitaba cancelar inscripciones ni emprender una depuración general del padrón, sino colaboración para revisar los casos señalados. A la vez, funcionarios federales advirtieron de posibles riesgos legales para quienes procesaran deliberadamente votos de personas no ciudadanas. Las declaraciones expresan posiciones de las partes; las fuentes disponibles no establecen que las personas incluidas en las listas hayan sido individualmente declaradas inelegibles.