El Gobierno federal demanda a California por papeletas de votantes señalados
Antes de presentar la demanda, el fiscal general adjunto interino Trent McCotter dio al estado 48 horas para revisar una lista de unos 20.000 nombres y planteó separar ciertas papeletas hasta verificar la ciudadanía.
El Gobierno federal demandó a autoridades electorales de California y pidió a un tribunal que suspenda temporalmente el recuento de papeletas por correo vinculadas a personas que identifica como posibles no ciudadanas. La cifra de la lista es una alegación federal. Autoridades estatales cuestionan su fundamento y rechazan retener papeletas solo por esos señalamientos.
La cifra de nombres y su clasificación como posibles no ciudadanos son alegaciones federales.
La demanda y el plazo previo
El Gobierno federal demandó a autoridades electorales de California y pidió a un tribunal que impida temporalmente contar papeletas por correo vinculadas a personas que la Administración identifica como posibles no ciudadanas, hasta que se determine su ciudadanía. La lista se ha descrito como cercana a 20.000 nombres; esa cifra es una alegación federal y no confirma la ciudadanía de esas personas ni que hayan votado.
Antes de la demanda, el fiscal general adjunto interino Trent McCotter dio al estado 48 horas para revisar los nombres incluidos en un dispositivo de almacenamiento protegido con contraseña. Para las personas cuya ciudadanía no pudiera verificarse de manera independiente, la solicitud federal planteó que se separaran sus papeletas hasta determinar su situación y que no se entregara una papeleta a quien aún no la hubiera recibido.
La demanda sostiene que California no colaboró en la revisión y solicita que las papeletas señaladas no se cuenten mientras se determina la ciudadanía. La demanda y la petición de medidas no equivalen a una orden judicial; las referencias disponibles no describen una resolución del tribunal sobre esa solicitud.
La respuesta de las autoridades californianas
La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, sostuvo que el Gobierno federal no había presentado evidencia ni explicado la metodología que respaldara la clasificación de los nombres. Dijo que las exigencias amenazaban el derecho al voto y afirmó que las elecciones estatales cumplían la legislación federal.
El gobernador Gavin Newsom describió la demanda como un intento de suprimir votantes y sostuvo que el Gobierno federal no debía dirigir el proceso electoral estatal. El fiscal general Rob Bonta dijo que las autoridades no retendrían papeletas por señalamientos no verificados y cuestionó la diferencia entre una cifra anterior de 190.000 nombres mencionada por el Departamento de Seguridad Nacional y la lista de unos 20.000 atribuida al Departamento de Justicia.
El registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, confirmó que su oficina recibió el dispositivo y una nota con la contraseña. Dijo que no lo consideraba seguro y que no podía retener papeletas ni negarse a contarlas basándose únicamente en acusaciones no verificadas. La oficina de Weber indicó que la contraseña estaba escrita en una nota adhesiva.
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