La demanda, casi un año después
El 5 de octubre de 2026, Marimar Martínez presentó una demanda civil federal contra el Gobierno de Estados Unidos en Chicago, casi un año después de que el agente de la Patrulla Fronteriza Charles Exum le disparara cinco veces mientras ella estaba en su vehículo. El tiroteo ocurrió el 4 de octubre de 2025 en el barrio de Brighton Park, durante la Operación Midway Blitz.
Qué reclama Martínez
La demanda se presentó bajo la Federal Tort Claims Act, una ley que permite reclamar al Gobierno federal por lesiones personales atribuidas a la presunta negligencia de empleados federales mientras desempeñan sus funciones. El escrito identifica a Estados Unidos como demandado y plantea alegaciones de negligencia, agresión, amenaza de agresión, arresto y detención ilegales, procesamiento malicioso y daño emocional intencional.
Martínez reclama una compensación por las lesiones y el dolor físico y emocional que atribuye al episodio. La cantidad, según la demanda, deberá determinarse a partir de las pruebas del juicio. Las alegaciones forman parte de una reclamación civil y no constituyen una resolución judicial sobre la conducta del agente ni sobre la responsabilidad del Gobierno.
Antes de presentar la demanda, Martínez y sus abogados habían notificado al Gobierno federal su intención de emprender acciones legales, en febrero de 2026. El plazo de seis meses para revisar esa reclamación administrativa transcurrió antes de que se presentara el caso en el tribunal. Los abogados dijeron que el Gobierno no había respondido a esa reclamación.
Antecedentes y reconstrucción del tiroteo
Después del tiroteo, las autoridades federales acusaron a Martínez de agredir e interferir con un agente y sostuvieron que había intentado embestir a agentes con su vehículo. Los fiscales federales solicitaron desestimar el caso y los cargos fueron retirados. Martínez y sus abogados rechazaron la versión de que ella condujera hacia Exum; la mecánica del tiroteo sigue sin estar establecida aquí como una conclusión judicial.
Al anunciar la demanda, los abogados de Martínez presentaron una reconstrucción visual encargada a un experto. Según la descripción de su equipo, el análisis se basó en una inspección del vehículo, las trayectorias de los proyectiles, las heridas de Martínez y registros de video de vigilancia y de cámaras corporales. Exum no llevaba una cámara corporal activa durante el tiroteo.
La reconstrucción presentada por los abogados sitúa a Exum al costado del vehículo durante los primeros disparos y describe tres impactos en la parte delantera del lado del pasajero, otro que entró por la ventanilla delantera de ese lado cuando Martínez pasaba junto al agente y un quinto que atravesó la ventanilla trasera después de que el automóvil lo hubiera rebasado. El equipo legal sostiene que el automóvil se alejaba de Exum, no que avanzara hacia él. Es la interpretación de la parte demandante, no un hallazgo judicial.
Licencia administrativa y petición penal
El Departamento de Seguridad Nacional informó que Exum fue puesto en licencia administrativa, pero no precisó si la medida seguía vigente.
Martínez y sus abogados relacionaron su decisión de emprender acciones legales con los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis. Martínez había pensado dejar el asunto tras la desestimación de los cargos contra ella; las muertes influyeron en su decisión de continuar con el caso.
La demanda civil y la petición de cargos penales son procesos distintos. Los abogados pidieron a fiscales federales y locales que consideraran presentar cargos contra Exum. También dijeron que la Policía de Chicago investigaba el tiroteo; la Fiscalía del Condado de Cook señaló que las decisiones sobre cargos se tomarían conforme a su protocolo para incidentes de uso de fuerza por agentes federales. La petición de los abogados no significa que se hayan presentado cargos penales contra Exum.