La reclamación abre la vía para una demanda
El 8 de octubre de 2026, José Villegas González presentó una reclamación administrativa contra el Gobierno federal en nombre de la sucesión de su hermano, Silverio Villegas González. El trámite, amparado en la Federal Tort Claims Act, busca compensación por daños relacionados con la muerte. La reclamación también acusa a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional de fallas en la capacitación y supervisión de sus agentes.
El documento incluye alrededor de 10.000 dólares por daños al automóvil y su contenido, una cantidad separada de los daños reclamados por sufrimiento y pérdidas familiares. El abogado de la familia no especificó una cifra total.
La reclamación administrativa es un paso previo a una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por acciones de empleados federales. El Gobierno tiene seis meses para investigar y responder; si rechaza el reclamo o no toma una decisión definitiva en ese plazo, la familia puede presentar una demanda ante un tribunal federal.
El tiroteo y las versiones sobre el uso de la fuerza
Silverio Villegas González tenía 38 años, trabajaba como cocinero y criaba a dos hijos. El 12 de septiembre de 2025, después de dejarlos en la escuela y la guardería, se dirigía al trabajo cuando dos agentes de ICE intentaron detener su automóvil en Franklin Park. Uno de ellos le disparó y Villegas González murió en el hospital. El tiroteo ocurrió durante Operation Midway Blitz.
La reclamación familiar sostiene que, cuando Villegas González retrocedió unos 50 pies y comenzó a avanzar, un agente se sujetó a la ventanilla en vez de apartarse. El escrito describe disparos mientras uno de los agentes perseguía el vehículo, que terminó chocando contra un camión de reparto estacionado. Estos detalles forman parte del relato presentado por la familia.
Tras el tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Villegas González arrastró a un agente con el automóvil y que este disparó porque temió por su vida. La familia disputa esa versión y alega que los agentes podían apartarse del vehículo y que el uso de la fuerza fue ilegal y evitable. En imágenes de cámaras corporales de la policía que acudió al lugar, un agente describió sus lesiones como de poca gravedad.
El médico forense determinó que el disparo entró por la parte posterior del cuello y clasificó la muerte como homicidio. Esa clasificación médica no establece por sí sola si el uso de la fuerza estuvo justificado.
La investigación estatal seguía abierta
En mayo de 2026, la Policía Estatal de Illinois anunció que investigaba el tiroteo. La pesquisa estaba a cargo de su Public Integrity Task Force; al anunciarse, la unidad había iniciado la investigación y se indicó que el caso pasaría a la fiscalía del Condado de Cook cuando concluyera esa etapa.
Al presentarse la reclamación, la investigación estatal seguía abierta y sus resultados no se habían hecho públicos. El Departamento de Seguridad Nacional tampoco había identificado públicamente al agente que disparó.