Una restricción temporal a los anuncios
El 11 de octubre de 2026, la jueza Jennifer L. Rochon, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, concedió una orden de restricción temporal contra los anuncios pagados con fondos públicos que promovían a Donald Trump. La medida entró en vigor a las 18:45, hora del Este de Estados Unidos, y tiene una duración inicial de 14 días.
La orden exige cancelar las emisiones pendientes, incluidas las previstas para esa noche, y prohíbe al Gobierno celebrar, renovar o ampliar acuerdos para desarrollar, colocar o transmitir los anuncios impugnados. También le impide seguir usando fondos del Departamento de Seguridad Nacional para esas actividades.
El gasto y el contenido de la campaña
La decisión llegó después de que el Gobierno sostuviera en una presentación judicial que la campaña terminaría el domingo y que ya había indicado a su proveedor que no comprara más espacios después de ese día. Rochon consideró que ese calendario no hacía desaparecer la controversia: concluyó, para conceder la medida provisional, que los demandantes habían mostrado una probabilidad de prevalecer en el caso y un posible daño irreparable si los anuncios seguían emitiéndose.
El Departamento de Seguridad Nacional había asignado 20 millones de dólares a la campaña. Los anuncios empezaron a emitirse a finales de septiembre, presentaban favorablemente al presidente y difundían mensajes asociados con su agenda política, semanas antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
La disputa legal sigue abierta
La demanda que dio lugar a la orden fue promovida por una coalición encabezada por Common Cause. Entre sus integrantes estaban el sindicato SEIU Local 32BJ y su comité político, además de Robert Hunter, candidato demócrata a un escaño en la Cámara estatal de Alabama.
Por separado, el Comité Nacional Demócrata también presentó una demanda contra la Administración por los anuncios.
Los demandantes sostuvieron que los anuncios eran propaganda política pagada con dinero federal. La Administración los defendió como mensajes de servicio público. La orden de Rochon es provisional: no resuelve de forma definitiva si la campaña infringió la ley, cuestión que sigue en litigio.
El cambio anunciado para la financiación
Antes de la orden, Trump había dicho que los anuncios futuros se pagarían con fondos de su cuenta política o de MAGA Inc. La Casa Blanca indicó que no tenía planes inmediatos para reembolsar al Gobierno el dinero ya gastado; la medida judicial, por su parte, impide continuar la difusión de los anuncios impugnados con los fondos públicos sujetos a la orden.