La defensa de Trump pidió anular su condena en el caso de Stormy Daniels
En una audiencia celebrada en Nueva York, los abogados cuestionaron la aplicación de la ley estatal, la intención atribuida a Trump y el uso de pruebas de su etapa en la Casa Blanca.
El 5 de noviembre de 2026, los abogados de Donald Trump solicitaron a un panel de apelaciones de Nueva York que anulara su condena por falsificación de registros comerciales. El caso se relaciona con reembolsos a Michael Cohen tras un pago de 130,000 dólares a Stormy Daniels.
La defensa pidió al tribunal estatal de apelaciones que revirtiera el veredicto.
La condena y los pagos a Michael Cohen
En mayo de 2024, un jurado declaró culpable a Donald Trump de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. El caso se relacionó con reembolsos a Michael Cohen, entonces abogado de Trump, después de que Cohen pagara 130,000 dólares a Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016. Daniels recibió el dinero a cambio de guardar silencio sobre un presunto encuentro sexual con Trump, quien ha negado que ocurriera.
El veredicto convirtió a Trump en el primer expresidente y presidente en funciones de Estados Unidos con una condena penal. La condena se refiere a los registros usados para contabilizar los reembolsos a Cohen, que la empresa de Trump registró como gastos legales en 2017.
Los argumentos ante el tribunal de apelaciones
En la audiencia estatal del 5 de noviembre de 2026, los abogados de Trump pidieron a la Appellate Division, First Department, que anulara el veredicto. La defensa argumentó que los fiscales no demostraron que Trump tuviera intención de defraudar y cuestionó que la fiscalía aplicara la ley de Nueva York al caso. También sostuvo que la acusación combinó indebidamente delitos estatales y federales y que la inmunidad presidencial debía proteger ciertas pruebas sobre declaraciones y conversaciones vinculadas con la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.
La cuestión de la intención se relaciona con el requisito de la ley estatal: la falsificación de registros comerciales constituye un delito grave si se realiza con la intención de cometer u ocultar otro delito. La defensa sostuvo que los fiscales no probaron ese propósito y cuestionó la teoría que vinculó los registros con una infracción de otras leyes.
La fiscalía del distrito de Manhattan defendió la teoría legal y la admisión de las pruebas. Sostuvo que la conducta por la que Trump fue condenado era privada, no un acto presidencial, y que las conversaciones relacionadas con la Casa Blanca podían considerarse conducta no oficial. El panel debe evaluar las objeciones de la defensa y la respuesta de la fiscalía al revisar la condena.
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