Una autorización provisional
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el 29 de septiembre que la administración de Donald Trump reanude temporalmente las deportaciones de migrantes a países distintos de los suyos, incluso cuando no tengan vínculos con esos destinos. La orden deja en pausa las restricciones de tribunales inferiores que exigían darles la oportunidad de objetar antes del traslado. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la decisión.
La medida es provisional: el tribunal fijó para diciembre una audiencia sobre la legalidad de la política. Entre los asuntos que los jueces deberán examinar están el debido proceso, las protecciones contra la tortura y la autoridad de los tribunales inferiores para intervenir. La orden de septiembre no determina si la política es legal.
El origen de la disputa
El caso llegó a la Corte Suprema después de que un juez federal de Massachusetts, Brian Murphy, concluyera que el procedimiento debía permitir a los migrantes conocer el destino previsto y presentar objeciones relacionadas con posibles riesgos de persecución o tortura. Un tribunal federal de apelaciones respaldó esa exigencia; el Gobierno pidió a la Corte Suprema que la suspendiera mientras se resuelve la disputa.
La discusión sobre las garantías
La administración sostiene que puede recurrir a terceros países cuando no es posible enviar a una persona a su país de origen o ese país no la acepta. Según el Gobierno, los acuerdos con los países de destino incluyen garantías de que los migrantes no serán perseguidos ni torturados. También argumentó que las restricciones de los tribunales dificultaban las operaciones de deportación.
Los migrantes que impugnaron la política sostienen que necesitan conocer el destino y tener una oportunidad significativa para plantear temores específicos sobre lo que podrían enfrentar allí. Ese desacuerdo —si las garantías generales entre gobiernos bastan o si hace falta evaluar las objeciones individuales— forma parte de las cuestiones que la Corte deberá resolver.
Alcance de la política
El programa ya alcanza una escala considerable: las estimaciones citadas en la cobertura sitúan en torno a 25.000 el número de personas deportadas a terceros países. Los destinos incluyen países de América Latina y África. La administración afirmó ante los tribunales que una orden inferior había obligado a cancelar un vuelo previsto para unas 70 personas con destino a tres países.