Qué analizará el tribunal
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar la legalidad de las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump al acceso al asilo en la frontera sur. El caso llegó al máximo tribunal después de que cortes inferiores concluyeran que la política excedía la autoridad presidencial.
El tribunal también examinará si la protección colectiva concedida por una corte inferior a las personas afectadas fue demasiado amplia. La aceptación del caso abre la revisión, pero no resuelve todavía si la política es legal.
Se espera que la Corte escuche los argumentos en los próximos meses y emita su decisión antes de finales de junio de 2027. Mientras continúa el proceso, la política sigue aplicándose porque la ejecución del fallo de apelación quedó suspendida durante la revisión.
Qué establece la ley y qué sostiene el Gobierno
La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite solicitar asilo a las personas que temen persecución en sus países de origen, independientemente de cómo hayan llegado a Estados Unidos. La decisión de conceder esa protección corresponde a funcionarios del Ejecutivo.
El Gobierno sostiene que puede denegar de forma general las solicitudes de las personas cubiertas por la orden y que no está obligado a tramitar peticiones que prevé rechazar. Quienes impugnaron la política defienden que las solicitudes deben poder presentarse y evaluarse individualmente, y que el presidente no puede impedir unilateralmente su presentación.
Ese desacuerdo sobre el derecho a presentar una solicitud, y no solo sobre el resultado de cada caso, está en el centro del litigio. La Corte deberá determinar cómo se relacionan las facultades invocadas por el Gobierno con las protecciones establecidas por el Congreso.
Cómo surgió la disputa
La controversia comenzó con una proclamación presidencial emitida en enero de 2025. El documento describió la situación en la frontera sur como una «invasión» y suspendió la entrada de determinados migrantes, además de restringir su acceso al proceso de asilo y a otras protecciones legales.
Personas migrantes y organizaciones de defensa de sus derechos impugnaron la medida. Un juez federal falló en contra de las restricciones y, en abril de 2026, una corte federal de apelaciones confirmó que la política excedía la autoridad del presidente. La ejecución de ese fallo quedó suspendida mientras el Gobierno apelaba, por lo que la medida continuó vigente.
El caso, identificado como Mullin v. Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, plantea tanto la legalidad de las restricciones como el alcance de la respuesta judicial colectiva. La Corte Suprema aceptó revisar esas cuestiones sin decidir todavía el fondo del litigio.
Otros litigios migratorios ante la Corte
La revisión se suma a otros casos migratorios ante la Corte Suprema durante este periodo, incluidos litigios sobre la expulsión de migrantes a terceros países y la detención de personas inmigrantes. Esos procesos tratan medidas distintas; el caso actual se centra en las restricciones al acceso al asilo en la frontera sur.