Una suspensión limitada al curso académico
El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, anunció la suspensión de todas las fiestas y actividades sociales en las casas vinculadas al Consejo Interfraternitario hasta el final del año académico 2026-27. La universidad presentó la pausa como un periodo para revisar si la vida de fraternidades puede continuar de forma segura y bajo qué condiciones. También anunció tolerancia cero ante infracciones, que podrían dar lugar a la suspensión de emergencia inmediata de un capítulo. Las referencias disponibles no precisan si la restricción alcanza eventos organizados fuera del campus.
La universidad dijo que iniciará conversaciones con estudiantes y especialistas del profesorado para desarrollar alternativas sociales seguras e invertirá recursos en esas iniciativas. Kotlikoff también señaló que el problema de la violencia sexual no se limita a las fraternidades y vinculó la prevención con la educación sobre el consumo de alcohol y drogas y la intervención de quienes presencien situaciones de riesgo.
Cambios en investigación y apoyo a denunciantes
Cornell se comprometió a trabajar con la Policía Estatal de Nueva York para permitir que sus investigadores penales participen en la investigación de denuncias de agresión sexual en el campus. Hasta ahora, los delitos denunciados allí solían ser investigados por la policía universitaria, que tiene facultades de aplicación de la ley, pero depende de la institución. La participación estatal anunciada busca incorporar investigadores independientes de Cornell; las referencias no acreditan que la policía estatal haya asumido ya un caso concreto.
La universidad también prevé añadir un gestor de casos a su Oficina de Derechos Civiles para ayudar a quienes denuncien conductas sexuales indebidas a orientarse en los procedimientos universitarios, además de ampliar la defensa y los programas de prevención. En paralelo, Cornell contrató a Sally Yates para una revisión independiente de su respuesta y sus políticas relacionadas con la violencia sexual. Son procesos distintos: la revisión de las prácticas universitarias no sustituye la investigación penal.
El caso que reabrió el debate
Las medidas se anunciaron en medio del escrutinio sobre la respuesta de Cornell a una demanda civil presentada en septiembre de 2026. La demandante, identificada en los documentos como Jane Doe, acusa a siete hombres vinculados a la fraternidad Chi Phi de agredirla sexualmente después de una fiesta en octubre de 2024. Se trata de alegaciones judiciales, no de hechos establecidos en una sentencia; los hombres acusados han negado las imputaciones y, según las referencias disponibles, no se han presentado cargos penales.
La policía de Cornell investigó inicialmente las denuncias y remitió sus conclusiones al fiscal del condado de Tompkins, que no presentó cargos. El 1 de octubre de 2026, la gobernadora Kathy Hochul designó a la fiscal general estatal, Letitia James, como fiscal especial para investigar la presunta agresión. La revisión encargada por Cornell a Yates examina por separado la actuación y las políticas de la universidad, mientras que la suspensión de eventos constituye una medida administrativa para el curso en curso.