Detención, traslado y orden de liberación
Paula Valentina Albornoz Hernández, estudiante colombiana de 23 años de UC Berkeley, fue detenida por agentes de ICE el 30 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Esperaba abordar con su novio un vuelo a Oregon.
Después de pasar parte del fin de semana en el Centro de Detención de Stockton, Albornoz Hernández fue trasladada al Centro de Detención de California City, donde permaneció hasta que una jueza federal ordenó su liberación. Su hermana confirmó que salió de detención.
El 9 de noviembre, la jueza federal Dena Coggins ordenó su liberación inmediata. También dispuso que ICE no le exigiera usar un monitor electrónico, a menos que la agencia demostrara ante la corte que era necesario.
La decisión sobre el debido proceso
Los abogados de Albornoz Hernández impugnaron la detención mediante una petición de hábeas corpus. Argumentaron que la estudiante, que tenía una solicitud de asilo pendiente y un permiso de trabajo vigente, había sido privada de su libertad sin oportunidad de cuestionar la detención ante un tribunal, en violación de la Constitución.
Coggins concluyó que el debido proceso exige que una persona reciba notificación adecuada y una audiencia antes de ser privada de su libertad ante un árbitro neutral. La jueza determinó que, sin esa audiencia previa, el gobierno no podía mantenerla detenida.
La orden no resolvió el fondo de su caso migratorio. ICE la había puesto en proceso de deportación y su solicitud de asilo debía continuar ante el tribunal de inmigración. La abogada Lizzie Fulton señaló que, ya en libertad, Albornoz Hernández podría reunirse en privado con sus abogados y preparar pruebas para su caso.
La postura del Departamento de Seguridad Nacional
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Albornoz Hernández era deportable porque había excedido el tiempo permitido por su visa en 2023. También afirmó que el permiso de trabajo y la solicitud de asilo pendiente no le conferían estatus migratorio legal. Esa fue la postura de la agencia, no una resolución sobre el fondo de la solicitud de asilo.
En un comunicado, el DHS calificó a Coggins de “jueza activista nombrada por Biden” y afirmó que cumple las órdenes judiciales legales. El departamento también defendió su política de detener a inmigrantes en aeropuertos y dijo que busca impedir que personas que considera que están en el país ilegalmente vuelen, salvo para salir del país.
Movilización en UC Berkeley
Durante la semana posterior a la detención, estudiantes y administradores de UC Berkeley reunieron apoyos para pedir la liberación de Albornoz Hernández. Administradores buscaron el respaldo de funcionarios electos y estudiantes se manifestaron en Sproul Plaza.
El abogado Niko De Bremaeker, de Centro Legal de la Raza, dijo que la organización presentó la petición para impugnar la detención. La abogada Fulton señaló que la libertad facilitaría que Albornoz Hernández trabajara con sus abogados y retomara sus estudios mientras continúa el proceso migratorio.