Qué resolvió el juez
A finales de septiembre de 2026, el juez de inmigración Jayme Salinardi determinó que Salah Sarsour es deportable de Estados Unidos por motivos de política exterior. Sarsour preside la Islamic Society of Milwaukee y vive en Estados Unidos desde 1993. Las informaciones publicadas indican que no tiene antecedentes penales en el país.
El juez desestimó la alegación del Gobierno de que Sarsour había mentido a las autoridades migratorias al solicitar la residencia permanente. Sarsour calificó la decisión de decepcionante y anunció que apelará. El fallo establece su deportabilidad, pero no significa que la deportación se haya llevado a cabo.
Los motivos del Gobierno y la detención
El caso se apoya en un memorando que el entonces secretario de Estado Marco Rubio emitió en junio de 2025 invocando una disposición migratoria relacionada con posibles consecuencias adversas para la política exterior. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Rubio tenía motivos para considerar que la presencia de Sarsour tendría esas consecuencias y alegó vínculos con actividades u organizaciones terroristas. Son argumentos del Gobierno; la decisión migratoria no constituye una condena penal en Estados Unidos.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a Sarsour en Milwaukee el 30 de marzo de 2026. La emisora Wisconsin Public Radio informó que permaneció más de 80 días en la cárcel del condado de Clay, en Indiana. En junio, el juez federal James Patrick Hanlon ordenó su liberación mientras seguía el procedimiento migratorio. Hanlon señaló que Sarsour podía plantear una reclamación sustancial por posible represalia contra su expresión política y que el Gobierno no había explicado por qué pasó a considerarlo una amenaza tras décadas como residente legal. La Administración apeló la orden de liberación.
Apelación y pasos pendientes
Tras la decisión, Sarsour dispone de 30 días para presentar una notificación de apelación y de 60 días para solicitar una medida de alivio, según las informaciones sobre el caso. El Gobierno no puede deportarlo hasta que agote las vías legales disponibles. Salinardi no fijó otra audiencia y anunció su retiro; el juez Craig Defoe quedaría a cargo del caso.
El abogado Patrick Taurel dijo que la defensa prevé solicitar una medida de protección bajo la Convención contra la Tortura. Explicó que tendría que demostrar que Sarsour probablemente sería torturado si lo enviaran al destino propuesto por el Gobierno. También pidió que los posibles destinos se limitaran a Israel o los territorios palestinos. Jordania figuraba como posible destino en la orden de remoción, pero Taurel sostuvo que Sarsour no tiene derecho a residir allí. El juez dejó esa cuestión para una posible apelación.
Sarsour, nacido en Cisjordania, ha dicho que teme por su vida si lo deportan allí. La mención de un país o territorio en la orden no significa que el envío se haya realizado ni que ese vaya a ser necesariamente el destino final.
Antecedentes y alegaciones de la defensa
El Gobierno basa parte de su posición en antiguas condenas de Sarsour en Israel. Las informaciones publicadas refieren una condena de 1988 relacionada con lanzar piedras contra personal militar israelí y otra, en 1995, por intentar poseer armas y municiones. Sarsour niega haber cometido los delitos y sus abogados sostienen que fue torturado y coaccionado para confesar.
Jawad Boulos, quien representó a Sarsour en Israel, declaró en agosto de 2026 que su cliente había sido torturado y obligado a confesar, y que no había sido condenado por un cargo que lo vinculara con una organización terrorista. El Departamento de Seguridad Nacional cuestionó cómo podía conocer la veracidad de las denuncias de tortura. Expertos en confesiones forzadas y en el trato a prisioneros palestinos también testificaron en favor de Sarsour.
Durante su detención, Sarsour tiene diabetes tipo 2. Sus abogados dijeron que perdió más de 30 libras y que le medían la glucosa una vez al mes; también atribuyeron a esas condiciones un riesgo de fallo orgánico o muerte.